Entrevista con María Elena Valenzuela
El trabajo de cuidados que realizan las trabajadoras del hogar hace posible todos los demás trabajos y, por lo tanto, es vital para el funcionamiento y el bienestar de hogares y familias. Sin embargo, las sociedades continúan asignándole un escaso valor social y económico, considerándolo un trabajo no calificado y una extensión del trabajo de cuidados no remunerado asignado a las mujeres. Esta subvaloración e invisibilización histórica del trabajo doméstico remunerado ha servido como excusa para justificar los bajos salarios y las condiciones laborales precarias que predominan en el sector.
Hoy, frente a la creciente demanda global de cuidados y la escasez de servicios públicos de cuidado accesibles y de calidad, las trabajadoras del hogar tienen un rol cada vez más crucial en la economía del cuidado: sólo las empleadas directamente por hogares privados representan el 25% de la fuerza laboral mundial de los cuidados. Para garantizar el derecho de todos los ciudadanos a recibir cuidados de calidad y, al mismo tiempo, el trabajo decente a quienes los proveen, es imprescindible la adopción de políticas públicas integrales que promuevan el reconocimiento, la valorización y la consecuente formalización de las trabajadoras del hogar.
Un primer paso fundamental hacia la dignificación del trabajo doméstico remunerado es el reconocimiento de competencias, la formación profesional y la capacitación vinculada a oportunidades de empleo formal. Pero ¿a qué nos referimos exactamente cuando hablamos de reconocimiento de competencias? ¿Por qué es tan importante para mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar? ¿Cómo se pone en práctica eficientemente y sin dejar a nadie atrás? La experta María Elena Valenzuela responde estas preguntas y echa luz sobre un tema central en las discusiones sobre el cuidado.
*María Elena Valenzuela es socióloga y especialista en estudios de género, empleo, trabajo doméstico, migración y políticas públicas, con una larga trayectoria profesional en organizaciones como la OIT y la CEPAL, así como en el gobierno de Chile.
